DIPLOMADO EN GESTIÓN PÚBLICA

    1. Marco constitucional y orgánico del Estado

    La gestión pública peruana se sustenta en la Constitución Política y en un conjunto de leyes orgánicas que definen competencias, organización y mecanismos de control.
    La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) estructura la acción del Ejecutivo y regula su relación con los demás niveles de gobierno, fijando principios de rectoría, coordinación y desconcentración.

    La descentralización se apoya en tres normas esenciales: la Ley de Bases de la Descentralización (LBD), la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (LOGR) y la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), que distribuyen competencias entre el gobierno nacional, regional y local, garantizando autonomía administrativa, económica y normativa dentro del marco constitucional.


    2. Sistema Administrativo de Modernización

    2.1 Planeamiento estratégico (CEPLAN)

    El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN), bajo la conducción del CEPLAN, orienta el planeamiento de corto, mediano y largo plazo. En 2024, se aprobó la Directiva General de Planeamiento Estratégico que actualiza metodologías para PEI y POI, y en 2025 se implementó la Matriz Estándar PEI/POI para Gobiernos Locales, mejorando la trazabilidad entre objetivos, indicadores y metas.


    3. Administración financiera del sector público

    La Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público (Ley 28112) integra los sistemas de presupuesto, tesorería, endeudamiento y contabilidad bajo los principios de centralización normativa y descentralización operativa.
    La Ley 28411 regula el Sistema Nacional de Presupuesto, fijando procesos, principios y responsabilidades.

    3.1 Programación multianual e inversión pública (Invierte.pe)

    El D. Leg. 1252 creó el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe), reglamentado por el D.S. N.° 284-2018-EF. Entre 2024 y 2025 se han aprobado modificaciones orientadas a agilizar la ejecución de inversiones, simplificar procedimientos y articularlo con la contratación pública.


    4. Abastecimiento y contrataciones públicas

    El Sistema Nacional de Abastecimiento (SNA), creado por el D. Leg. 1439, regula la cadena de abastecimiento desde la programación hasta la disposición final.

    En julio de 2024 se promulgó la Ley 32069 – Ley General de Contrataciones Públicas, que derogó la Ley 30225 e integró la contratación al SNA, fortaleciendo los principios de integridad, sostenibilidad, innovación y gestión de riesgos.
    En enero de 2025, el D.S. 009-2025-EF aprobó su reglamento, y el OSCE emitió directivas para su implementación.

    Cambios clave:

    • Mayor integración entre la programación de necesidades (SNA), la planificación multianual (Invierte.pe) y los procesos de contratación.
    • Obligación de gestión de riesgos e integridad en todas las fases.
    • Actualización de registros y requisitos en el Registro Nacional de Proveedores.

    5. Procedimiento administrativo, transparencia y control

    El TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley 27444) regula principios, actos administrativos, silencio administrativo y notificaciones electrónicas.
    El TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 27806) establece obligaciones de publicidad y acceso a la información.

    El Sistema Nacional de Control, regulado por la Ley 27785 y liderado por la Contraloría General, desarrolla control previo, simultáneo y posterior. Entre 2024 y 2025 se han reforzado los lineamientos de control concurrente y la carrera del auditor gubernamental.


    6. Servicio civil y gestión del talento humano

    La Ley del Servicio Civil (Ley 30057) busca unificar regímenes laborales en el sector público, priorizando la meritocracia, la evaluación de desempeño y la profesionalización. SERVIR continúa implementando su tránsito progresivo en diversas entidades.


    7. Gobierno digital y protección de datos

    El D. Leg. 1412 – Ley de Gobierno Digital y su reglamento establecen la interoperabilidad, identidad digital y servicios digitales como pilares de la transformación del Estado.
    En noviembre de 2024 se aprobó el nuevo Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales (D.S. 016-2024-JUS), que actualiza las obligaciones de tratamiento, registro, consentimiento, transferencias internacionales y sanciones.


    8. Integridad pública y lucha contra la corrupción

    La Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción (D.S. 092-2017-PCM) sigue vigente, con planes sectoriales e institucionales que promueven modelos de integridad, gestión de intereses y mecanismos de denuncia.
    Entre 2024 y 2025 se han fortalecido los comités de integridad institucional y las herramientas de prevención.


    9. Gobernanza multinivel y coordinación intergubernamental

    La distribución de funciones entre niveles de gobierno, regulada por la LBD, LOGR y LOM, requiere alineamiento de políticas nacionales y planes de desarrollo concertados.
    La LOPE y la PNMGP establecen mecanismos para la articulación y el seguimiento por resultados, reduciendo asimetrías de capacidades entre regiones y municipios.


    10. Retos técnicos para 2025

    a) Implementación plena de la Ley 32069
    Alinear procesos, manuales y catálogos internos a la nueva Ley y su reglamento, con enfoque en valor público y sostenibilidad.

    b) Vinculación planeamiento-presupuesto
    Aplicar metodologías CEPLAN 2024-2025 para mejorar la trazabilidad entre metas y presupuesto, articulando con los Programas Presupuestales.

    c) Gobierno digital y datos personales
    Adecuar procesos al nuevo reglamento de datos personales, implementar medidas de seguridad y garantizar interoperabilidad de sistemas.

    d) Integridad y control concurrente
    Aplicar modelos de integridad, mapas de riesgo y mecanismos de control desde la fase de formulación de inversiones.

    e) Profesionalización del servicio civil
    Acelerar el tránsito a la Ley 30057, con evaluaciones de desempeño y capacitación continua.


    11. Conclusiones

    La gestión pública peruana en la actualidad muestra una mayor coherencia normativa y un enfoque orientado a resultados, integridad y modernización tecnológica.
    El reto central radica en cerrar las brechas de capacidades entre los niveles de gobierno, garantizar la correcta aplicación de la Ley 32069 y consolidar un Estado más eficiente, transparente y centrado en el ciudadano.

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